MILITARES GAUCHOS Y CRIOLLOS

La debacle económica, el desabastecimiento, la inflación, el sistema cambiario, los escándalos de corrupción, el narcotráfico, las políticas de expropiaciones, el abandono del campo, la decadencia de la salud pública, el sistema eléctrico, violaciones de derechos humanos: Ahí están los militares, tan cómplices de lo que sucede en el país como cualquier otro civil revolucionario. Durante dieciséis años han estado al frente de la conducción económica, social y política de Venezuela. Han dirigido la economía, la salud, la seguridad ciudadana, el agro; han ejercido los cargos políticos más importantes.

Lo tuvieron todo. Hoy se presentan como un absoluto fracaso.

Al igual que los partidos políticos, los militares juegan un rol fundamental ante el proceso de cambio que atraviesa Venezuela, y al mismo tiempo, gozan de profundo descrédito. El ciudadano los asocia como parte del mismo sistema corrupto e ineficiente que produjo la ruina de nuestro país.

La desmilitarización de la política en Suramérica en las dos últimas décadas del siglo pasado, no sucedió drásticamente. En países como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil las violaciones sistemáticas de derechos humanos no hallaron responsables (o al menos no fue la regla general). Entre exigir justicia por los crímenes cometidos, o, apostar por un sistema democrático que se desmilitarizara paulatinamente, en la mayoría de esos Estados se privilegió la segunda opción.

El caso argentino pudiera ser útil para Venezuela. Rouquié (2011) señala que para 1982 la dictadura argentina era sumamente impopular. Política y socialmente, instauraron un régimen de desapariciones forzadas de personas y control férreo de todos los órdenes institucionales; y económicamente, además, fueron los responsables de una economía con 300% de inflación, la caída del 10% del PIB entre los año 1980 y 1983, y una deuda externa de más de cuarenta mil millones de dólares.

En 1983 se celebraron elecciones presidenciales en Argentina, y para sorpresa de muchos, la dictadura pierde en las urnas, y gana un civil: Raul Alfonsín. El autor citado insinúa que la impopularidad de los militares argentinos permitió al gobierno de Alfonsín acelerar la democratización de la sociedad argentina. De hecho, durante su mandato fueron condenados algunos militares de aquella dictadura, se restituyeron libertades civiles, y la presencia del sector castrense en las instituciones públicas se redujo considerablemente a favor de los civiles argentinos.

Pienso que Venezuela podría transitar por una situación parecida. Frente a una crisis social, económica y política sin precedentes, cuya responsabilidad recae directamente sobre el sector castrense, acuerdos y pactos como los que sucedieron en Argentina pudieran suceder en Venezuela. Creo que la ineptitud y la corrupción de los militares criollos será recordada por mucho tiempo, y eso puede facilitar la democratización de nuestras instituciones, así como la salida de los militares en áreas que hoy reclaman conducción técnica y especializada de civiles.

INSTITUCIONES E INSEGURIDAD

El artículo 2 de la Constitución es claro: Venezuela, como Estado Social de Derecho y de Justicia, propugna como “valores superiores”  la vida y la preeminencia de los Derechos Humanos.  Además, el artículo 25 establece que todo acto emanado del Poder Público que viole los derechos consagrados en la Constitución, son nulos y sus funcionarios serán responsables. Es decir, de acuerdo con las normas citadas, al ser la vida y la preeminencia de los Derechos Humanos valores superiores  y derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, esto implica que la organización del Estado y los actos que emanen de él, deben observar el cumplimiento de estos principios.

El artículo 44 de la Constitución, asimismo, es aún más claro: El derecho a la vida y la libertad personal es inviolable, lo que supone, entre otras consecuencias: ninguna autoridad pública puede disponer de la vida de alguien, ni efectuar detenciones y allanamientos sin orden judicial.

Siendo la inseguridad es uno de los más graves problemas que enfrentamos ¿Es solución a este flagelo dar licencia a los cuerpos policiales para que efectúen detenciones o ajusticiamientos arbitrarios?

http://cdn.eluniversal.com/2015/03/24/febrero.520.360.jpg

Todos los venezolanos queremos seguridad, de eso no hay duda. Se lo exigimos al gobierno y apoyamos cualquier política que proteja el derecho a la vida. Ahora, la inseguridad no se resuelve apelando al Código Hamurabi del “ojo por ojo, diente por diente”. La inseguridad en Venezuela trasciende a la delincuencia común,  y revela problemas estructurales asociados a la impunidad, la falta de oportunidades de los jóvenes, el creciente aumento del narcotráfico, policías mal remunerados, sistema de administración de justicia sin independencia, los índices de pobreza, por señalar algunos aspectos.

Pero además, la inseguridad en Venezuela está asociada a unas instituciones débiles e inoperantes. Según cifras del Ministerio Público, el 90% de los delitos quedan impunes en Venezuela. ¿Qué hace el Ministerio Público, entonces? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para acabar las mafias carcelarias? ¿De dónde obtuvieron las armas de guerra que poseen los delincuentes actualmente?

No hace falta ser un experto: Para superar los índices  de criminalidad en Venezuela es necesario un Ministerio Público más eficiente, un mejor sistema carcelario, aumentar la cantidad de policías y profesionalizarlos, actuar en conjunto con los distintos niveles político territoriales, y sobre todo, hacer de la inseguridad un tema de Estado y  no politizarlo.

POLÍTICA CON P DE P...

El hartazgo es tan palpable, que ya no importa quién habla o qué se propone. Hay que salir de ese personaje como sea. Actualmente no sirven las visiones de Estado, los proyectos de país o las propuestas coherentes; es irrelevante si quien habla representa a su región; o es alguien con credibilidad: no importa.  El nivel de obstinación por tantos padecimientos es tal, que eso que llaman Política ha dejado de tener significado; nadie sabe qué es.

No nos interesa saber quién es buen político, su trayectoria, pensamiento y preparación; si es coherente, o si su discurso es racional. Y no es que nuestra clase política son extranjeros que vejaron a esta sociedad casta y pura, no: ellos son expresión de una sociedad que padece las consecuencias del desmembramiento institucional y la corrupción. Como nosotros, ellos son venezolanos.

Es la política con p de p...

Y así se presentan las contradicciones: Buscamos un proyecto político pero somos incapaces de cuestionar a tal o cual dirigente; abogamos por la racionalidad, pero al mismo tiempo exigimos la hoguera para el chavismo en pleno; queremos unión, pero catalogamos de colaboracionista a quien  apueste al entendimiento, el diálogo y sugiera acuerdos de gobernabilidad; no nos molesta que hayan robado, sino que robaron demasiado.

Hubo algún dejo de racionalidad cuando el aragueño o el anzoatiguense escogieron a Tarek o Aristóbulo como Gobernadores, aun sabiendo que se trataba de dirigentes jamás vinculados a esas regiones?: Por supuesto que no; simplemente eran los bendecidos del Comandante en Jefe. “Los dedos de Chávez, son los dedos del pueblo”, dijo Jackeline Farías, otra de las bendecidas por irracionalidad política del chavismo.  

http://www.eleccionesvenezuela.com/imagenes

Entonces, si la premisa de quienes se ubican en el otro lado de la acera es salir de Maduro como sea: Qué importancia tiene que el tachirense ahora  tenga que votar por alguien que pisa por primera vez su región; o que el mismo que ha sido candidato a Gobernador y Alcalde, pues ahora sea candidato parlamentario? El tema de los proyectos de país, las visiones académicas en torno al desarrollo, todo eso vendrá después: la prioridad es salir de Maduro.

Ya no es política, sino la política manoseada; es el dirigente reduciendo el arte de los acuerdos y el ejercicio del poder a su más burda expresión electorera; es la prostitución del dirigente cada vez que se avecina el calendario electoral. Somos nosotros, esperando la oportunidad para votar por los menos malos. Es la política con de p...

UNIDAD MONOLÍTICA

Ya son 7 años en Miraflores. La Revolución de Octubre de aquél lejano 1945 se concretaba a través de El Nuevo Ideal Nacional. Había desarrollo económico y grandes obras construidas: la autopista Caracas-La Guaira, la avenida Bolívar, la Ciudad Universitaria, el Círculo Militar y el Hotel Humboldt son algunas de las bondades materiales de las que se ufana el militar andino. No había escollos ni civiles con ideas comunistas que impidieran el progreso. Todos estaban contentos: las Fuerzas Armadas, las trasnacionales petroleras, una clase media floreciente.

El agrado hacia la dictadura criolla trasciende las fronteras, al punto que el regordete personaje fue condecorado por el gobierno francés con la Gran Cruz de la Legión de Honor, y el gobierno estadounidense le impone la Legión del Mérito. Eso de la doctrina Betancourt, la democracia, la libertad de prensa, las torturas, los derechos humanos, toda esa verborrea académica e idealista ha quedado atrás.

http://www.iconosdevenezuela.com

La unidad existente entre el gobierno y las Fuerzas Armadas era monolítica, y la disidencia no representaba un riesgo latente. En el exterior fallecieron figuras prominentes como Valmore Rodríguez y Andrés Eloy Blanco.

Confiado, pues, en su obra de cemento y su férreo control sobre las Fuerzas Armadas, se somete a una consulta plebiscitaria. Las elecciones suceden el 4 de noviembre. Un gobierno tan compacto y eficiente no debería tener inconvenientes con esa formalidad. Así fue: no importó si el color de la papeleta era azul o roja, la victoria del progreso y el desarrollo estaba garantizada. Y así ocurrió.

Los hechos se precipitaron rápidamente. En diciembre, un mes y un poco más después de esa victoria incuestionable, el Arzobispo de Caracas critica fuertemente al gobierno; en enero del año siguiente se observan aviones volando sobre Miraflores; se alza Maracay, luego una huelga general, y para finales de ese mes, simplemente aquel sujeto confiado en su obra de gobierno, huía del país.

Dime de qué presumes...

Casi inmediatamente a lo señalado por el periódico Wall Street Journal, la mayoría de los órganos del Poder Público manifestaron su apoyo unánime a Diosdado Cabello. En ese mismo sentido, las Fuerzas Armadas también han jurado lealtad absoluta a este gobierno. La soberbia del poder los hace parecer invencibles, eternos.

La unidad monolítica que pregona el gobierno con los Poderes Públicos es una farsa, hay mucho descontento social y la comunidad internacional está muy pendiente de lo que sucede en Venezuela.

Los mismos verde oliva que cometen atrocidades y que hoy juran lealtad a un régimen abiertamente antidemocrático, son los mismos que huirán de madrugada o negociarán sus años de encarcelamiento.

INSTITUCIONES Y DIÁLOGO.

Hoy más que nunca, el valor de las instituciones como pilar fundamental del desarrollo y el diálogo cobra importancia en Venezuela. Y no es porque en Venezuela existan instituciones sólidas y confiables, sino porque justamente ese es uno de los tantos motivos por los cuales nuestro país mantiene los alarmantes niveles de conflictividad social. Basta con estudiar nuestra historia (incluyendo la colonial) para darse cuenta que las instituciones como instancias para dirimir conflictos sociales, han estado ausentes para el venezolano.

Recientemente, el gobierno nacional hizo una invitación a la llamada “Conferencia por la Paz”. A ella asistieron empresarios, diputados, alcaldes, gobernadores y distintos representantes de la sociedad venezolana. Todos hablaron en un ambiente de… cordialidad, crítica constructiva, de saludos protocolares, reflexiones televisadas. Realmente, parecía genuino. El objeto: abrir el diálogo entre los distintos sectores de la sociedad.

Ahora bien, así como la protesta es el instrumento de lucha democrática por excelencia, por su parte, el diálogo es el medio  indiscutible que emplean las sociedades para procurar entendimiento frente a visiones divergentes. Usualmente, el diálogo requiere de interlocutores válidos para que las partes antagónicas superen sus diferencias o alcancen acuerdos consensuados, cuyo rol, comúnmente, es ejercido por las instituciones. La iglesia, las universidades, los poderes públicos son ejemplo de instancias institucionales facilitadoras de acuerdos.

En las actuales circunstancias de efervescencia social, ¿Cuál sería esa instancia institucional capaz de propiciar entendimiento entre el gobierno y la oposición? ¿Los poderes públicos? ¿Los mismos que son responsables de la impunidad, los altos índices delictivos, la corrupción, los abusos policiales, las violaciones de derechos humanos, fraude electoral? No hay diálogo sincero cuando los promotores del diálogo son la causa y consecuencia del desmembramiento institucional del país. Hay que ser enfáticos: no es posible el diálogo con Rodriguez Torres, Ortega Diaz, Iris Valera, Diosdado Cabello. No puede hablarse de la soga en casa del ahorcado.

¿La iglesia, las universidades? ¿Las mismas instituciones que el gobierno ha vilipendiado para justificar sus desaciertos y su discurso de división social? Han sido numerosos los improperios que el gobierno le ha dedicado a la Conferencia Episcopal, y mucho “gas del bueno” han recibido las universidades, para creer  que el gobierno reconocerá a esas instancias como medios facilitadores de acuerdos.

Hoy, cuando Venezuela clama por diálogo, pareciera no haber espacios institucionales para su desarrollo. Ya sea porque arrastramos la desgracia histórica del personalismo, o porque el gobierno se ha encargado generar un discurso cargado de odio y división, lo cierto es que Venezuela requiere de instituciones para el diálogo, la fraternidad y la unión.

RICHARD MARDO, INMUNIDAD Y VALORES CONSTITUCIONALES

La manera de cómo la Asamblea Nacional allanó la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo tiene graves consecuencias constitucionales para el país, sobre lo cual es imposible no dejar una postura firme.

El caso del diputado Richard Mardo no atiende únicamente al debate  sobre la cantidad de votos que requiere el órgano legislativo nacional para separarlo de cargo. Creo que hay un aspecto de fondo mucho más importante, y es el concerniente a los valores que consagrados en nuestra Constitución.

Imagen tomada de http://www.panorama.com.ve

Así las cosas, comienzo por acotar que la Asamblea Nacional significa para el ciudadano, esa instancia constitucional que se erige como el centro del debate político del país. De su seno, nada más y nada menos,  emana los actos normativos que regularán los diversos aspectos de la cotidianidad del venezolano. De tal manera, y en atención a la importancia de los debates que surgen en ese órgano del Poder Público, sus miembros -quienes son electos por mandato popular-, deben tener las suficientes garantías para que sus opiniones respondan a la voluntad de sus electores, pero también a su conciencia. Nada más.

El párrafo anterior encuentra su fundamento en el análisis concatenado de los artículos 7, 2, 6, 199 y 201 constitucionales, que a grandes rasgos establecen: a) Nuestra Constitución “es la norma suprema” de nuestro ordenamiento jurídico (art. 7); b) dentro de los “valores superiores” que propugna nuestra Constitución, se encuentra el “pluralismo político” (art. 2 y 6); y c) los diputados de la Asamblea Nacional son electos por voto popular, y como representantes del pluralismo político del país ante la Asamblea Nacional, son responsables únicamente ante sus electores y a su conciencia (art. 186, 199, 200 y 201).

Por lo sostenido precedentemente, es que actualmente cobra la importancia la figura de la inmunidad parlamentaria, pues esta se presenta como garante del pluralismo político que ejerce el diputado en el hemiciclo legislativo; su naturaleza tiende a proteger al parlamentario de cualquier arbitrariedad que pretenda disminuir su investidura en razón de sus opiniones políticas. De allí que se establezca en el artículo 199 constitucional “Los diputados a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones  emitidos en el ejercicio  de sus funciones”.

De acuerdo a lo anteriormente sostenido, y dada la importancia que reviste la inmunidad parlamentaria como garante del pluralismo político en el seno de la Asamblea Nacional, es fácil advertir que cualquier procedimiento que pretenda allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado, debe ir más allá de la simple suma de los diputados que estén a favor en allanarla. Todo lo contrario: Debe existir un acuerdo convincente entre los diputados para privar a determinado diputado  de dicha inmunidad, reitero, motivado a la importancia que representa la inmunidad parlamentaria en nuestro ordenamiento constitucional y su estrecha vinculación con nuestros valores constitucionales. En atención a lo anterior, lo razonable es que la inmunidad parlamentaria debe ser allanada con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, como establece el artículo 187 numeral 20 constitucional.

Mi postura es clara: Yo abogo por Richard Mardo, no por lo que significa para una tendencia política, sino por los valores que encarna su investidura de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico constitucional y para la democracia.

NUESTRA HISTÓRICA DEBILIDAD INSTITUCIONAL

Venezuela tiene la deuda pendiente de construir instituciones. No nos han faltado gobernantes que han querido representar lo nuevo, el verdadero cambio, la desvinculación con el pasado, en fin, el inicio de un nuevo proceso. Y en esa justificación por lo nuevo y lo revolucionario, el mismo gobernante ha buscado, ya sea destruir la obra creada anteriormente, o estar por encima de lo ya establecido. 

 De manera que, es necesario buscar las causas de nuestro desapego por lo institucional, justamente para proyectar posibles soluciones de cara al futuro; se trata de conocer nuestra historia para no tropezar dos veces con la misma piedra.

En este sentido, para tener al menos una idea (genérica) del porqué de nuestra debilidad institucional, es útil remontarnos al siglo xix. Precisamente, es necesario aclarar que las consecuencias políticas generadas de nuestro proceso independentista, van más allá de la obtención la independencia en 1821. Como bien apunta  Ana Teresa Romero (2009), “La realidad es que fue una guerra como lo son todas, cruel, violenta, irracional, en la que el peligro no era solamente del enemigo sino del caos. A lo que habría que añadir que hasta 1820 fue una guerra de exterminio” (p. 26). Obtuvimos la independencia, sí,  pero también heredamos a una Venezuela devastada.

En aquellas circunstancias,  ante la ausencia de contrapeso institucional, y aunado a la situación general de pobreza existente, comienza a concebirse la guerra y el caudillismo como única  forma para acceder al poder político.

Así terminó de transcurrir el xix: entre revoluciones, alzamientos, y caudillismo. Y a pesar que durante ese siglo también fueron promulgados diversos textos constitucionales, simplemente fueron un traje a la medida  que sirvieron de instrumentos para justificar la arbitrariedad del caudillo.

En el siglo xx, la institucionalidad siguió siendo nuestra asignatura pendiente, al menos durante la primera mitad de siglo. Sin embargo, el inicio del proceso democratizador (1958-1998),  también significó, entre otras cosas, el inicio de una etapa por despersonalizar el poder político y fortalecer las instituciones democráticas.  Se logró -aunque brevemente-, y durante ese periodo, Venezuela logró importantes avances en  términos políticos, económicos, sociales. Sin embargo,  hacia finales del siglo xx, las mismas instituciones que sirvieron de motor para el desarrollo, por diversas razones, fueron desmoronándose y nuevamente caímos en una etapa de inestabilidad social, política y económica.ç

 Hoy, cuando Venezuela atraviesa una profunda crisis institucional, la gran apuesta debe radicar en  el fortalecimiento de sus instituciones; no sólo para despersonalizar el ejercicio del poder político, sino también para crear condiciones de desarrollo de forma equitativa. 

Durante el período que Venezuela tuvo instituciones sólidas y confiables, por más breve que haya sido, los signos de desarrollo y progreso fueron más evidentes respecto a esos largo periodos en el cual nuestras instituciones sirvieron a intereses personales del gobernante.

O seguimos aferrados a la nostalgia y la emoción que genera el discurso del caudillo carismático,  o apostamos a una nueva forma de hacer política basado en el respeto de las instituciones. En ambos casos,  Venezuela tiene experiencia.

INSTITUCIONES=DESARROLLO

Unos de los grandes retos que afrontará Venezuela en los próximos años, será el fortalecimiento de sus instituciones democráticas. Por una razón muy simple: cuando tenemos instituciones democráticas sólidas e independientes, eso se traduce en progreso y bienestar para sus ciudadanos. O dicho de otro modo: no hay desarrollo sin instituciones democráticas fuertes.

 Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, para el año 2012, fallecieron en Venezuela 21.692 personas. Igualmente, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), desde el año 2.002 hasta el 2.013, ha existido una disminución progresiva de empleadores en el sector privado. Y de acuerdo con Transparencia Internacional, Venezuela es el país con el índice de corrupción más elevado en América Latina.

Las cifras mencionadas, reflejan la situación de nuestro país en distintos ámbitos: un país con altos índices de criminalidad, con una disminución progresiva del sector privado para generar empleo, sumado además, a una Administración Pública corrupta.

Asimismo, los datos citados no sólo indican la situación de nuestro país en aspectos  sensibles a la calidad de vida y bienestar del ciudadano (que por sí mismos ya son preocupantes), sino que también demuestran que detrás de esos problemas, también existe una debilidad institucional como causa y consecuencia de los mismos. Es decir, tenemos altas cifras de criminalidad, entre otras causas, por el alto porcentaje de impunidad existente; los altos índices de corrupción evidencia la incapacidad de la Contraloría General para sancionar al funcionario corrupto; y la disminución progresiva de nuestro sector privado, viene acompañado de instituciones  que no fomentan el emprendimiento y condiciones económicas de favorables para el ciudadano.

¿Qué sucede, entonces, cuando la democracia y sus instituciones dejan de velar por uno de sus fines esenciales, como es el de procurar bienestar para sus ciudadanos? ¿Qué pasa cuando el ciudadano comienza a percibir las instituciones democráticas como parte de una dinámica miope y excluyente de sus necesidades? Cuando eso sucede, comienza a generarse en el ciudadano un sentimiento de insatisfacción por las necesidades no cubiertas, y con ello, cuestionamientos y pérdida de confianza hacia la propia democracia, caldo de cultivo para la demagogia y el populismo.

Justamente, entre los años 60 y 80, ese breve período histórico durante el cual Venezuela experimentó importantes avances en materia de desarrollo social y económico, estuvo acompañado de instituciones sólidas e independientes que cumplían cabalmente su rol. Y cuando esas mismas instituciones comenzaron a fallar,-hacia los 80 y hasta nuestros días-, la democracia también comenzó a fallar, lo que  produjo un desmejoramiento progresivo de la calidad de vida del ciudadano, ocasionando numerosas y profundas crisis (políticas, económicas, sociales).

El fortalecimiento de nuestras instituciones se nos presenta como un tema transversal, y  las dificultades que hoy atravesamos en términos sociales y económicos, están asociadas directamente a la debilidad de nuestras instituciones públicas.

Desde el punto de vista institucional, Venezuela está en su nivel más bajo. Y para avanzar juntos como país y sociedad, es necesario promover el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.