OPINIÓN PÚBLICA Y DEMOCRATIZACIÓN

Convengamos en dos cosas: La primera, atravesamos un proceso de democratización; segundo, este proceso de democratización está caracterizado, al menos, por la necesidad de unas instituciones del Estado y unas reglas de juegos más plurales.

Si la democracia como sistema político es un término tan difícil de definir (bien sea por su carácter universal y circunstancial; o bien por lo permanente y relativo de su noción), entonces, la democratización como instrumento para alcanzar una sociedad “democrática”, también adolece de las múltiples dificultades para su precisión y alcance.

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Como proceso, la democratización no tiene un final determinado y previsible, ni tampoco hay forma de saber cuánto tiempo dura. Por ejemplo, Venezuela: Para celebrar elecciones libres en 1958, previamente transitamos por dos gobiernos militares (López y Medina), una Junta Cívico Militar (Betancourt 1945-1948), un gobierno electo por sufragio universal (Gallegos, 1948), y un dictadura militar (Pérez Jiménez, 1948). Se suponía que aquel sistema que nacía en 1958 debía hacer instituciones plurales y fuertes, sin embargo, hoy estamos en el 2015 transitando por un nuevo proceso de democratización.

Como todo proceso de democratización, son muchos los actores involucrados: partidos políticos, gobierno, iglesia, sindicatos, medios… Y la opinión pública. Sus opiniones contribuyen, de una manera u otra, a elaborar consensos y acuerdos generales sobre lo que la democracia es; su esencia. Frente a la apropiación arbitraria de ciertos términos políticos, suele ser la opinión pública ese tribunal en el que esos conceptos son debatidos, aceptados y rechazados.

La crisis política que atravesamos no tiene precedentes. Además de estar en presencia de un gobierno abiertamente arbitrario, también ha sido capaz de adueñarse de conceptos esenciales sobre lo que la democracia es para el venezolano. La participación, la seguridad social, la política, las instituciones, el socialismo, el capitalismo, petróleo, participación protagónica, son nociones que el chavismo logró posicionar en el ideario colectivo. Y tuvo aceptación.

Si los sondeos son favorables, el 6 de diciembre habrá un voto castigo que producirá una Asamblea Nacional más plural. Pero eso no significa que habremos votado por una visión debatida y consensuada de democracia. El voto castigo será la expresión ciudadana de que esto no es la democracia que quiere Venezuela. Apenas será el inicio de un amplio debate sobre una visión distinta de democracia.

Hoy, cuando Venezuela clama por instituciones más plurales, corresponde a la opinión pública aportar los conocimientos, consideraciones, proyectos, para que este proceso de democratización sea lo más exitoso posible.

MILITARES GAUCHOS Y CRIOLLOS

La debacle económica, el desabastecimiento, la inflación, el sistema cambiario, los escándalos de corrupción, el narcotráfico, las políticas de expropiaciones, el abandono del campo, la decadencia de la salud pública, el sistema eléctrico, violaciones de derechos humanos: Ahí están los militares, tan cómplices de lo que sucede en el país como cualquier otro civil revolucionario. Durante dieciséis años han estado al frente de la conducción económica, social y política de Venezuela. Han dirigido la economía, la salud, la seguridad ciudadana, el agro; han ejercido los cargos políticos más importantes.

Lo tuvieron todo. Hoy se presentan como un absoluto fracaso.

Al igual que los partidos políticos, los militares juegan un rol fundamental ante el proceso de cambio que atraviesa Venezuela, y al mismo tiempo, gozan de profundo descrédito. El ciudadano los asocia como parte del mismo sistema corrupto e ineficiente que produjo la ruina de nuestro país.

La desmilitarización de la política en Suramérica en las dos últimas décadas del siglo pasado, no sucedió drásticamente. En países como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil las violaciones sistemáticas de derechos humanos no hallaron responsables (o al menos no fue la regla general). Entre exigir justicia por los crímenes cometidos, o, apostar por un sistema democrático que se desmilitarizara paulatinamente, en la mayoría de esos Estados se privilegió la segunda opción.

El caso argentino pudiera ser útil para Venezuela. Rouquié (2011) señala que para 1982 la dictadura argentina era sumamente impopular. Política y socialmente, instauraron un régimen de desapariciones forzadas de personas y control férreo de todos los órdenes institucionales; y económicamente, además, fueron los responsables de una economía con 300% de inflación, la caída del 10% del PIB entre los año 1980 y 1983, y una deuda externa de más de cuarenta mil millones de dólares.

En 1983 se celebraron elecciones presidenciales en Argentina, y para sorpresa de muchos, la dictadura pierde en las urnas, y gana un civil: Raul Alfonsín. El autor citado insinúa que la impopularidad de los militares argentinos permitió al gobierno de Alfonsín acelerar la democratización de la sociedad argentina. De hecho, durante su mandato fueron condenados algunos militares de aquella dictadura, se restituyeron libertades civiles, y la presencia del sector castrense en las instituciones públicas se redujo considerablemente a favor de los civiles argentinos.

Pienso que Venezuela podría transitar por una situación parecida. Frente a una crisis social, económica y política sin precedentes, cuya responsabilidad recae directamente sobre el sector castrense, acuerdos y pactos como los que sucedieron en Argentina pudieran suceder en Venezuela. Creo que la ineptitud y la corrupción de los militares criollos será recordada por mucho tiempo, y eso puede facilitar la democratización de nuestras instituciones, así como la salida de los militares en áreas que hoy reclaman conducción técnica y especializada de civiles.