UN MENSAJE PARA DOS GENERACIONES.

El drama institucional que padece el país no sólo se nos presenta actualmente a través de la corrupción descarada, la ausencia de poderes públicos independientes, y el saqueo del erario público. Hay una consecuencia mucho más grave, y es que el desmembramiento institucional en Venezuela se ha convertido en un tema generacional, y hoy por hoy, la mayoría de los venezolanos pertenecemos a dos grandes grupos generacionales unidos por ese mal histórico común. Sin embargo, y frente a esa circunstancia, el rol histórico de estas dos generaciones se encuentra profundamente diferenciado.

Ese primer gran grupo de venezolanos está representado por aquellos hombres y mujeres que  hoy en día son profesionales entre 35 y 50 años, y que a pesar de haber nacidos en el auge de una Venezuela en pleno desarrollo económico, no tuvieron (y no han tenido) la oportunidad de ser beneficiarios directos de esa Venezuela próspera; por el contrario, el inicio de su vida productiva y de su conciencia política –hacia los años 90’-,  coincide con un país en franco declive institucional. Hoy,  esa generación es la que está asumiendo el liderazgo político del país, y a la que le corresponde dar los primeros grandes pasos  para la reinstitucionalización de Venezuela.

Detrás de ese grupo generacional, venimos nosotros, quienes tenemos entre 20 y 35,sin noción histórica  alguna de la Venezuela institucional,  y que además, nos insertamos en un momento histórico en el que la demagogia y la división social alcanzan su personificación en el ex presidente que tuvimos, y los ministros que todavía tenemos. Sin embargo, nuestro rol de cara al futuro de Venezuela, será la de afianzar y profundizar definitivamente en nuestro país, el valor de unas instituciones sólidas e independientes.

Somos una generación de virtuosos, de eso no hay duda. Tenemos motivos de sobra para asumirnos como el futuro hecho realidad en Venezuela. Presenciar el surgimiento de jóvenes que hoy aspiran a cargos de concejales y alcaldes, es la expresión de un futuro mediato que le depara a nuestro país. Estoy convencido de ello. Sin embargo, reitero, como generación creo que deberíamos entender que nuestro rol protagónico no es ahora, sino dentro de 15 o 20 años.

Nuestro gran rol, ahora, es comenzar desde abajo, en las comunidades; conocer al país en términos políticos, sociales, económicos; recorrerlo a pie; asumir una actitud propositiva frente a tantas carencias; incluirnos en lo público y lo político como demostración del país institucionalizado al cual aspiramos obstinadamente. Pero sobre todo, estoy convencido que nos toca asumir una labor formativa dirigida a crear una conciencia social crítica, capaz de distinguir y de repudiar al demagogo y al populista.

EL CINISMO DE ELEAZAR DIAZ RANGEL

En artículo del pasado 18 de agosto, Eleazar Diaz Rangel, Director del periódico Ultimas Noticias, dijo lo siguiente: "No es exagerado afirmar que ningún Presidente venezolano ha mostrado mayor disposición por combatir la corrupción que Nicolás Maduro...convocó al Consejo de Estado, que nunca antes se había reunido, para llevarle el problema y solicitar su cooperación, la de la Asamblea Nacional, de otras instituciones del Estado y del país todo. Cooperación que está pidiendo a toda la sociedad, al pueblo, aunque deben ofrecerse los mecanismos y garantías de confidencialidad para formular denuncias de eventuales casos de corrupción".

¿El “Presidente” que más disposición ha mostrado en la lucha para combatir la corrupción? Resulta, no exagerado, sino simplemente un absurdo hacer una afirmación. Por eso titulé este artículo “El cinismo de Eleazar Diaz Rangel.

¿Dónde quedaron las afirmaciones del Walid Makled sobre la red de narcotráfico en la que estaban involucrados altos funcionarios? ¿El caso Antonini? ¿Las denuncias de corrupción en contra del Presidente de la Asamblea Nacional y su hermano?   ¿el caso de PDVAL y los contenedores con comida podrida? ¿Nos acordamos de los Fundos Zamoranos cuando el ministro de agricultura era Elias Jaua? ¿Y los millones (o millonas, de acuerdo a la jerga oficial)  de dólares que han desaparecido de CADIVI a través de empresas de maletín? ¿Nos acordamos de la banda “los enanos”? ¿Y quien ha rendido cuentas en PDVSA? ¿DÓNDE ESTÁN LAS AVERIGUACIONES POR EL VIDEO DE MARIO SILVA?

Resulta que también es de cínicos asumir que la lucha contra la corrupción es una intención sincera y noble, cuando se tiene a todos los Poderes Públicos sumisos a  la voluntad del Ejecutivo Nacional. ¿Dónde se encuentra la imparcialidad de la Contraloría General? ¿Quién se atrevería a defender la pulcritud de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia?

Señor Rangel: El desmembramiento institucional tiene responsables directos en la estructura organizativa del Estado, y muy pero muy en particular, en los ministros que hoy forman parte del actual gobierno,  quienes hoy encarnan la personificación del abuso de poder y la malversación de fondos públicos. Entiéndalo, detrás de la estafa del fondo chino, las numerosas denuncias de irregularidades en el SENIAT, todas las empresas de maletín que existen en CADIVI, detrás de todo eso, hay ministros, diputados y militares que hoy desvergonzadamente dicen estar comprometidos en la lucha contra la corrupción. Que ellos luchen contra la corrupción,  es como nombrar la soga en la casa del ahorcado. 

Es por esto, que su artículo es un acto burdo de cinismo hacia sus lectores.

CENTRALIZACIÓN Y PODER POLÍTICO

Las nociones de federalismo y descentralización han sido conceptos que han orbitado constantemente en el pensamiento político venezolano, y la verdad,  nunca hemos tenido un Estado Federal, ni hemos tenido una descentralización que tendiera realmente al fortalecimiento de los Estados y Municipios. Por el contrario, el poder político se ha concentrado en el Ejecutivo Nacional, con un gran abanico de competencias, frente a la progresiva disminución de las competencias de los Estados y Municipios.

De hecho, la primera mitad del siglo xx estuvo marcado por un profundo centralismo, el cual se consolida durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1.908/1.935). Durante ese período, se produce una centralización en el Poder Público Nacional de materias como la seguridad y defensa, administración de justicia, hacienda pública  y económica. Posterior a la muerte de Gómez (1.935) y hasta 1.958, etapa que transcurre entre amagos de democracia e insurrecciones militares, Venezuela siguió conservando su tradición centralista.

 La segunda mitad del siglo xx, que significa para nuestro país el surgimiento del período democrático más largo que hemos tenido, no dejó de estar caracterizado por la centralización del poder político. De hecho, la Constitución 1.961 consagraba que  Venezuela era un “Estado federal en los términos consagrados en esta Constitución”. Esto significaba que Venezuela tenía un andamiaje institucional con rasgos de un Estado propiamente federal, pero con un Poder Público Nacional omnipotente en cuanto a las competencias que tenía atribuidas respecto a los Estados y Municipios.

Posteriormente, y tras un periodo de 30 años, la democracia venezolana  aún conservaba estructuras institucionales profundamente centralizadas, motivo por el cual comenzó a resquebrajarse a través de conflictos sociales y desmoronamiento institucional. Y fue hacia finales de los 90, cuando surgen las primeras reformas descentralizadoras en Venezuela, caracterizadas principalmente por la elección de Alcaldes y Gobernadores, y la descentralización de  competencias del Poder Público Nacional, hacia las instancias regionales y locales. Dicho proceso fue insuficiente.

La Constitución de 1.999, y en términos similares a la del 61', conserva una estructura centralizada del poder político, caracterizado por un Poder Nacional fuerte y con amplias competencias, frente a un poder regional con competencias formales y un poder local con instancias paralelas de gobierno violatorias de su autonomía.

Y hoy, 14 años después de la vigencia de la Constitución de 1.999, Venezuela sigue presentando un estructura institucional profundamente centralizada, agravada con el surgimiento de las llamadas Leyes del Poder Popular, que lejos de repercutir en el fortalecimiento de instancias de gobierno autónomas, más bien supeditan y condicionan  la participación de los ciudadanos a la voluntad del Poder Ejecutivo.

En esta época de cambios que vivimos actualmente, el fomento de la descentralización y el fortalecimiento de las instancias locales y regionales,   se nos presenta como una labor obligatoria de cara al futuro. En la medida que existan estructuras de poder mucho más plurales y descentralizadas, en ese mismo sentido, estaremos evitando el surgimiento del caudillismo y la demagogia.

RICHARD MARDO, INMUNIDAD Y VALORES CONSTITUCIONALES

La manera de cómo la Asamblea Nacional allanó la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo tiene graves consecuencias constitucionales para el país, sobre lo cual es imposible no dejar una postura firme.

El caso del diputado Richard Mardo no atiende únicamente al debate  sobre la cantidad de votos que requiere el órgano legislativo nacional para separarlo de cargo. Creo que hay un aspecto de fondo mucho más importante, y es el concerniente a los valores que consagrados en nuestra Constitución.

Imagen tomada de http://www.panorama.com.ve

Así las cosas, comienzo por acotar que la Asamblea Nacional significa para el ciudadano, esa instancia constitucional que se erige como el centro del debate político del país. De su seno, nada más y nada menos,  emana los actos normativos que regularán los diversos aspectos de la cotidianidad del venezolano. De tal manera, y en atención a la importancia de los debates que surgen en ese órgano del Poder Público, sus miembros -quienes son electos por mandato popular-, deben tener las suficientes garantías para que sus opiniones respondan a la voluntad de sus electores, pero también a su conciencia. Nada más.

El párrafo anterior encuentra su fundamento en el análisis concatenado de los artículos 7, 2, 6, 199 y 201 constitucionales, que a grandes rasgos establecen: a) Nuestra Constitución “es la norma suprema” de nuestro ordenamiento jurídico (art. 7); b) dentro de los “valores superiores” que propugna nuestra Constitución, se encuentra el “pluralismo político” (art. 2 y 6); y c) los diputados de la Asamblea Nacional son electos por voto popular, y como representantes del pluralismo político del país ante la Asamblea Nacional, son responsables únicamente ante sus electores y a su conciencia (art. 186, 199, 200 y 201).

Por lo sostenido precedentemente, es que actualmente cobra la importancia la figura de la inmunidad parlamentaria, pues esta se presenta como garante del pluralismo político que ejerce el diputado en el hemiciclo legislativo; su naturaleza tiende a proteger al parlamentario de cualquier arbitrariedad que pretenda disminuir su investidura en razón de sus opiniones políticas. De allí que se establezca en el artículo 199 constitucional “Los diputados a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones  emitidos en el ejercicio  de sus funciones”.

De acuerdo a lo anteriormente sostenido, y dada la importancia que reviste la inmunidad parlamentaria como garante del pluralismo político en el seno de la Asamblea Nacional, es fácil advertir que cualquier procedimiento que pretenda allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado, debe ir más allá de la simple suma de los diputados que estén a favor en allanarla. Todo lo contrario: Debe existir un acuerdo convincente entre los diputados para privar a determinado diputado  de dicha inmunidad, reitero, motivado a la importancia que representa la inmunidad parlamentaria en nuestro ordenamiento constitucional y su estrecha vinculación con nuestros valores constitucionales. En atención a lo anterior, lo razonable es que la inmunidad parlamentaria debe ser allanada con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, como establece el artículo 187 numeral 20 constitucional.

Mi postura es clara: Yo abogo por Richard Mardo, no por lo que significa para una tendencia política, sino por los valores que encarna su investidura de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico constitucional y para la democracia.